Dentro del capítulo III, sobre “crímenes contra la dignidad y la libertad humana”, está contemplada los delitos por trata y tráfico de personas.
El artículo 90, sobre el tráfico de personas, indica que “la persona que promueva, induzca, favorezca o facilite la salida ilegal de una persona del Estado Plurinacional de Bolivia o la entrada irregular de una persona nacional de otro Estado hacia el Estado Plurinacional de Bolivia, con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio económico para sí o para un tercero, será sancionada con prisión de cinco (5) a diez (10) años”.
Asimismo, el proyecto señala que la sanción será agravada a prisión de siete a 12 años cuando las condiciones de transporte pongan en peligro la integridad física o psicológica de la víctima, también cuando la persona autora sea servidor público, cuando sea parte de una organización criminal, entre otros.
El artículo 89, sobre trata de personas, señala que la persona que cometa el delito de venta u otros actos de disposición del ser humano, explotación laboral, explotación sexual o prostitución forzada, turismo pornográfico, embarazo forzado, entre otros serán sancionada con prisión de siete a 12 años.
La sanción se extendería también a terceras personas que capten, transporten, trasladen, priven de libertad, acojan o reciban a personas.
Asimismo, se señala que si la víctima es niña, niño o adolescente, la sanción de prisión será de 11 a 16 años; si concurre alguna de las circunstancias agravantes previstas la prisión será de 14 a 20.
Sin embargo, el proyecto aún no fue aprobado por la Cámara de Diputados, puesto que hasta antes del receso los parlamentarios continuaban con la lectura de los artículos.
Según el diputado Amilcar Barral, la lectura se retomará después del receso parlamentario, una vez terminada la fase del tratamiento en grande, empezará el trabajo en detalle en donde se debatirán los artículos del proyecto del Código del Sistema Penal.
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