El Ministerio de Gobierno y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por su sigla en inglés) realizaron el pasado jueves y viernes, un taller especializado para apoyar a Bolivia en la implementación de la acción de pérdida de dominio de bienes incautados al narcotráfico, dirigido a investigadores judiciales, fiscales y jueces.
“La implementación de la extinción del dominio de bienes ilícitamente obtenidos por la actividad del narcotráfico y delitos conexos, es una tarea que intentamos llevar adelante hace cuatro años atrás, no fue bien entendida en ese momento, el tema se politizó, se dijo que era una carta escondida de carácter comunista, que pretendía afectar la propiedad privada”, señaló Romero durante el acto de inauguración del taller.
El taller fue dictado por Joya Arguello, juez especializado en extinción de dominio y el investigador criminal especializado en lavado de activos, extinción del derecho de dominio y delitos financieros, Guillermo Herrera Herrera, ambos colombianos, con el apoyo de la coordinadora del Pilar de Rentas y Drogas Ilícitas de la Oficina de la Unodc en Colombia, Andrea Agudelo Sarmiento.
NORMA BOLIVIANA
En entrevista con EL DIARIO, Joya Arguello, explicó que con base en la experiencia en su país, para aplicar la norma, Bolivia debe implementar un sistema especializado.
“Sin lugar a dudas eso es necesario, que exista una unidad especializada en la extinción de dominio de activos, que exista los funcionarios de policía judicial especializados específicamente en esa labor, fiscales que entiendan la naturaleza de la norma, las investigaciones que se deben realizar y de manera muy importante los jueces, que sean especializados en la extinción de dominio y se dediquen solo a ese ramos. Porque si lo vinculamos en otro tipo de procesos, como el penal, tiene riesgos a que no se comprenda su labor”, detalló Joya Arguello.
PROCESOS JUDICIALES
El ministro Romero, también se refirió al tema y recomendó a los representantes del poder judicial implementar juzgados especializados con el fin de agilizar los procesos.
Señaló que la implementación de esta norma es una de las cuatro medidas que se ha trabajado para la lucha contra el narcotráfico elaborada por el Gobierno en el nueva Ley de Sustancias Controladas y está siendo apoyada por la Unodc, que en este caso presentó modelos a seguir.
RESPONSABILIDAD
DEL ESTADO
En el evento, Meritxell Giménez, representante de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia, manifestó que los recursos provenientes del narcotráfico socavan las economías y los negocios locales y amenazan a la sociedad en todos sus niveles, siendo responsabilidad de los Estados identificar dónde están las finanzas y los bienes del narcotráfico.
En esa línea, Romero detalló que este es un proceso que pretende abreviar el proceso de monetización de los bienes incautados a narcotraficantes.
Esta acción pretende quitar el poder económico de las personas involucradas en este delito para que no puedan incurrir en extorción o sobornos.
Instó a las direcciones de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) y de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) a modernizarse y aumentar sus resultados para coadyuvar en la lucha contra el narcotráfico
TIEMPOS PROCESALES
Esta es una acción real diferente y que tiene tiempos procesales distintos a la acción penal, precisó Joya Arguello.
El especialista, también se refirió que en Colombia, el sistema prevé que de probarse la inocencia de una persona, existe un mecanismo por el cual además de lograr la devolución de los bienes, puede iniciar acciones legales para que se le haga un resarcimiento del daño, con el pago de costas, similar a la cancelación de un interés.
Además, el delegado de la Unodc en Bolivia, Thierry Rostan, indicó que la capacitación se realizó en el marco de los programas de fortalecimiento de capacidades para investigación y judicialización a lo largo de la ruta de la cocaína en América Latina, el Caribe y África Occidental.
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