Entre tanto, el Gobierno aplica un “plan de contingencia” basado en la movilización de efectivos militares para que realicen patrullajes en las ciudades.
A tres días del motín, las calles continúan sin seguridad, los módulos policiales quedaron vacíos y las entidades bancarias optaron por mantener cerradas sus puertas.
En este escenario en el que paulatinamente los efectivos se replegaron a la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) o a sus unidades en muestra de protesta, la vicepresidente del MAS, Concepción Ortiz, convocó a los vecinos y cívicos a organizarse para precautelar la seguridad de los ciudadanos, ante la posible actuación de grupos delincuenciales.
Los policías, entre el jueves y el viernes, protagonizaron varios hechos violentos que provocaron destrozos en las oficinas de la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi), en el Comando General de la Policía y en el Ministerio de Gobierno, en La Paz, y en el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), en El Alto y Oruro.
Sin embargo, ayer el tono de las medidas de presión bajó y se redujo a movilizaciones esporádicas en la plaza Murillo. “Evo, el verde no es masista”, cantaban en coro los policías y sus esposas. Algunos tenían sus rostros cubiertos, mientras que otros desafiaban: “no tenemos miedo, (c...)”.
Las entidades bancarias y públicas continuaron desguarnecidas. En Santa Cruz, los bancos se cerraron, en Cochabamba funcionaron a medias.
“Para dar un mejor servicio al público decidimos abrir nuestras sucursales en la mayoría de las localidades del país”, informó la oficina de relaciones públicas del Banco Mercantil Santa Cruz.
El presidente de la bancada del MAS en el Senado, Eugenio Rojas, llamó a resguardar entidades públicas. “El día lunes deben estar todas las organizaciones sociales, que son el pueblo, para que resguarden el Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa”, precisó.
El asambleísta manifestó que con estas medidas no se pretende confrontar a las organizaciones sociales con los policías, sino proteger la infraestructura donde funcionan oficinas públicas hasta que termine el motín de la Policía.
Procesos
Por los actos violentos y destrozos en dependencias de la institución del orden, el Gobierno no asumirá acciones o procesos en contra de los policías que desde el pasado jueves 21 de junio iniciaron un amotinamiento y repliegue.
“Nosotros no promoveremos ninguna acción judicial ante el Ministerio Público”, declaró el ministro de Gobierno, Carlos Romero, al explicar que cualquier anuncio del fiscal general es independiente de la posición gubernamental.
Los policías y esposas también exigen a las autoridades que tras concluir el conflicto no se sancione a ningún efectivo alejándolo de la institución, porque el motín policial tuvo como objetivo exigir la atención a sus demandas y necesidades.
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