EL DEBER halló ayer reunido a un grupo de pobladores de Santa Ana en el coliseo tratando de buscar una estrategia para contrarrestar las afirmaciones del ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien manifestó que en esta localidad protegieron a los delincuentes que asaltaron la remesa de la empresa Brinks.
Dirigentes y vecinos indicaron que no protegieron a nadie y negaron que Tardelli fuera el padrino del pueblo dejando entender que por esa razón lo encubrían. "No estamos encubriendo a nadie. Esta gente humilde jamás se meterá en esas cosas. Jamás lo conocimos y no fue nuestro padrino, como dice el ministro. Esa persona regaló una res el año pasado para el aniversario del pueblo como lo hacen muchos empresarios ganaderos del cantón y el municipio", dijo el corregidor Rider Barba.
Juan Sulca Arias, presidente de la Central de Trabajadores Campesinos de El Carmen Rivero Tórrez, señaló que es la primera vez en 20 años que lleva como habitante de Santa Ana que ocurre este tipo de abusos de la Policía. "Hemos visto en las noticias que nos están involucrando, que hemos encubierto a los delincuentes. Son nueve días que vivimos atemorizados. Estamos de acuerdo con que se investigue pero según las normas, que nos citen, no que nos lleven de rehenes", dijo.
Jorge Claros Gutiérrez, presidente de la Productora Rural de la Tercera Edad de Santa Ana, criticó al Gobierno señalando: "Cómo es posible que una persona extranjera, con antecedentes penales tenga tierra en nuestro país. Primero deberían investigar cómo entró. No queremos que nos pidan disculpas, queremos que el ministro venga y por lo menos done un laboratorio de química para el colegio, que aporte, no que dañe".
También hablaron los dirigentes que dijeron haber sido torturados por los policías seis días después del atraco. Romero Méndez dijo que lo llevaron con engaños y lo encararon con un brasileño que no conocía para sacar información de donde no había. "Han divulgado mi nombre y el de mi hijo diciendo que hemos trabajado con el brasileño y nunca lo hicimos. Nosotros no tenemos la culpa que el INRA le dé tierra a los malhechores. En los alrededores hay unas 30 comunidades y tenemos vínculos de convivencia porque son vecinos", indicó Méndez.
El más afectado con la acción policial fue Rolin Ramos, presidente de la OTB de Santa Ana, quien mostró las marcas que aún le quedan de las manillas con las que lo redujeron para interrogarlo. "Me enmanillaron y me pusieron una bolsa asfixiante en la cara y me preguntaban por Mariano. Me tuvieron más de dos horas torturándome y luego me largaron diciendo que se habían equivocado de persona, contó entre lágrimas Rolin
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