En La Paz, 235 personas fueron reportadas como desaparecidas durante los primeros tres meses de 2017, según datos de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Boliviana. De ellas, 186 fueron encontradas, mientras que 49 (20%) aún son buscadas.
La poca información sobre los desaparecidos, el requisito de un requerimiento fiscal para obtener extractos de llamadas y la falta de recursos logísticos son los principales escollos en la búsqueda. A esto se suma un vacío legal para tratar estos casos.
El pasado fin de semana, la Policía halló el cadáver de James Alain Howard en un terreno baldío de Irpavi. El inglés de 51 años había sido reportado como desaparecido el 24 de abril.
Cifras plasmadas en los muros
En los alrededores de las terminales de buses de La Paz, de El Alto y de las interprovinciales hay decenas de volantes pegados en paneles, ventanillas, paredes y postes. Cada uno lleva un nombre y un rostro diferente, pero todos tienen un rótulo y una petición en común: "Persona desaparecida”, "Ayúdenos a encontrarla”.
En estos lugares, y otros de alta concurrencia, cada día aparecen entre dos y tres carteles nuevos. Y es que ese es el promedio de desaparecidos en La Paz.
La Policía realiza sus estadísticas de manera trimestral a partir de las denuncias que recibe. Éstas indican que entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2017 hubo 235 reportes de personas desaparecidas en el departamento de La Paz.
"De esos casos, 186 personas ya aparecieron (cerca del 80%). Pero hay 49 personas que estamos buscando y de quienes aún no hemos determinado su paradero”, manifiesta el secretario de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Boliviana, Jaime Fernández Blanco.
En este grupo hay mujeres, varones, adultos mayores, niños y adolescentes sin un patrón en común más que el que un día no retornaron a su hogar.
Poca información y vacío legal
A la oficina de Fernández -un espacio a puertas abiertas en el segundo piso de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC)- llegan los familiares de quienes desaparecen. Angustiados, pocas veces llevan consigo fotografías actuales de sus seres queridos que no aparecen.
La jefe de la División de Trata y Tráfico de la FELCC La Paz, Gaby Coca Maldonado, explica que la falta de información certera sobre las personas desaparecidas es uno de los problemas más recurrentes por el que una investigación debe iniciarse "de cero”. Muchos no pueden dar datos sobre el entorno de los desaparecidos, las actividades que realizaban o su rutina.
Para Marcela Martínez, la madre de Zarlet Clavijo -quien desapareció en junio de 2012-, la falta de recursos de la Policía es otro problema. "No hay un registro digital de huellas dactilares ni la forma de hacer fotografías que proyecten los cambios del rostro en el tiempo”, indica.
Desde su bufete legal, Martínez logró tramitar tres de estas imágenes de personas desaparecidas. Todas hechas en Estados Unidos porque en el país no hay estos recursos tecnológicos.
"Además, hemos ido viendo que en muchos casos cuando habían pistas y se las daba a la Policía los operativos se truncaban. Es por eso que en mi caso, como hacen en muchos otros, optamos por una investigación privada y con ella se logró mayores datos”.
Sin embargo, los problemas no acaban ahí. Para Coca, hay un vacío legal que retarda la búsqueda de personas en general.
"Actualmente trabajamos con la base de la Ley 3933 (de septiembre de 2008) de Búsqueda, Registro, Información y Difusión de Niños, Niñas y Adolescentes. Lamentablemente esta ley norma sólo los casos de este sector de la población”, dice.
Para la legislación boliviana la desaparición como tal no es un delito, la tipificación penal se encuentra en la desaparición forzada. En tanto ello no se demuestre, es sólo un reporte de ausencia.
"Al no tener un caso abierto con el Ministerio Público no podemos obtener requerimientos fiscales para acudir, por ejemplo, a las empresas de telecomunicación y obtener un registro de llamadas, información que nos ayuda bastante para ubicar a la persona por triangulación de llamadas, mensajes y señales de las radio bases”, explica.
En 2015, el Centro de Capacitación y Servicio a la Mujer entregó a la Cámara de Senadores el proyecto de ley de protección, búsqueda y localización de personas desaparecidas, en observación a la ley vigente. Miembros de esa institución advirtieron que la 3933 dejaba desprotegida a la población mayor de 18 años.
Aseguraron que al establecer un plazo de 72 horas para derivar al fiscal de materia la norma evita conseguir información fundamental para la búsqueda. Asimismo, al no haber un delito en la desaparición, todos los casos son tipificados como de trata y tráfico, aunque no lo sean. Aspecto que recarga las investigaciones.
"La norma para adolescentes nos da estos plazos, pero para nosotros es muy importante no esperar este tiempo. A la menor sospecha insistimos en la apertura del caso. Por eso estamos peleando para que por lo menos con el simple registro de desaparición podamos acceder a los registros telefónicos”, dijo Coca. Para los adultos hacen un análisis minucioso para ver la forma de proceder con la búsqueda.
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Zarlet, la que ilumina” y ERI, una respuesta inmediata
"Zarlet, la que ilumina” es la página de Facebook piloto de una red de alerta inmediata para la búsqueda de personas desaparecidas. A la fecha tiene más de 12.700 seguidores.
"En mi búsqueda encontré varias familias con las que nos hemos organizado para compartir información y actividades de seguimiento. Hemos visto que en todos los casos hay algo en común, que es que hay más posibilidades de éxito dentro las 24 horas. Si hay una reacción inmediata, podemos evitar que las víctimas sean sacadas del país o que corran riesgos vitales”, asegura Marcela Martínez, la madre de Zarlet Clavijo, quien desapareció en 2012.
Ya hay resultados. Las imágenes de las víctimas se distribuyen en todo el país a través de esta página y otros grupos de redes sociales. "Ya hemos logrado encontrar a muchos. Al ver la imagen viralizada, a muchos de los niños y adolescentes los han liberado dopados”, asegura.
Con la misma intención, en la Policía, desde fines de 2016 funciona el equipo de reacción inmediata ERI. Cuenta con investigadores, psicólogos y otros especialistas que al momento mismo del registro de la desaparición salen a rastrillar la ciudad.
"Trabajamos en la verificación del lugar del hecho y del entorno cercano. Identificamos a las últimas personas con las que hubo contacto y entramos en un análisis de la información en redes sociales y equipos de comunicación. Sabemos que la respuesta inmediata es la más eficaz y nos ha dado muy buenos resultados”, manifestó la jefe de la División de Trata y Tráfico de la FELCC La Paz, Gaby Coca.
A partir del registro este equipo tiene 72 horas para agotar todas las posibilidades de la búsqueda. Emprenden toda una movilización que dé indicios de los sucedido. En la mayoría de los casos dan con el paradero dentro las primeras 48 horas.
"Pero si hallamos algo anormal ya se abre el caso en el Ministerio Público”, asegura la autoridad.
Aclaró que no hay plazos para la desaparición. Ésta puede ser declarada incluso a la hora.
"La persona está desaparecida en cuanto su ausencia no es habitual o rompió con un patrón. Basta con que haya estado rumbo a su destino y no haya llegado o haya perdido comunicación en alguna situación sospechosa”.
El pasado lunes la FELCC presentó un sistema de difusión masiva del registro de personas desaparecidas. Fotografías y datos son publicados en la página web http://felcc.policia.bo. La información es difundida también en la terminal de buses de La Paz.
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Autoridades alertan sobre una falta de comunicación con los hijos
El director departamental de la FELCC La Paz, Jhony Aguilera, manifestó que gran parte de los desaparecidos son adolescentes. Lamentó que en estos casos se evidencia falta de comunicación y otros problemas familiares.
Según la jefa de la División de Trata y Tráfico, Gaby Coca, cerca del 40% de las desapariciones son de adolescentes. Consumo de alcohol, violencia intrafamiliar, maltrato, rendimiento escolar y embarazos adolescentes son las principales causas.
"Básicamente debemos tener los datos de las personas desaparecidas en cuanto al entorno, la rutina diaria, el trayecto por el que van a sus domicilio y si hubo problemas en el hogar que puedan haber causado el abandono. Pero muchos de los familiares no pueden darnos respuesta porque no hay una relación estrecha de carácter filial”, explicó Aguilera.
Coca manifestó que la falta de estos datos, sobre todo en casos de adolescentes, es una llamada de atención a la relación de los padres con los hijos que ocultan problemas serios.
"Es lamentable lo que ocurre. Los padres no tienen datos del entorno de los hijos, de los amigos o si estos tienen enamorados. Casi siempre tenemos que acudir al colegio o a los barrios para conseguir esta información”, manifestó.
Para la autoridad esta situación es parte de una llamada de atención para los progenitores y una alerta para la sociedad, porque se constituye en una situación de alto riesgo. "Los jóvenes acaban buscando apoyo y comprensión en una pareja fuera del hogar y son vulnerables a ser víctimas de otros delitos.
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