Sandy Castedo Rojas se encontraba en libertad desde el 17 de febrero de 2016, luego de cumplir condena por haber disparado contra el gobernador Rubén Costas el 12 de abril de 2011, según la Dirección Departamental de Penitenciaría, a la cabeza de Iver Melgarejo; sin embargo, tenía otros dos procesos penales pendientes en su contra por el delito de robo que datan de 2013.
El pasado sábado, Castedo fue aprehendido por la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), según su director, Freddy Zárate, cuando se aprestaba a participar de una carrera de autos en Puerto Suárez, ya que sumó un tercer proceso por el delito de robo de vehículos.
Al respecto, ni el Poder Judicial ni la Fiscalía pudieron precisar el motivo por el cual Castedo se encontraba en libertad pese a ser reincidente.
Esta situación vuelve a poner en tela de juicio la actuación de la justicia al liberar a personas reincidentes, como sucedió recientemente con dos de los atracadores de Eurochronos, Adao da Silva y Ronny Suárez, que salieron de prisión de forma irregular.
EL DEBER intentó conocer la posición del presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Zenón Rodríguez, pero no fijó ninguna posición respecto a este caso. Tampoco se pudo conocer una versión del Consejo de la Magistratura.
Mientras tanto, ayer en La Paz, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que agotará las vías legales para denunciar y sancionar a los jueces que liberan a delincuentes, después de la liberación de un grupo de pandilleros que fueron detenidos in fraganti en La Paz.
“Apegados a la norma, agotaremos todas las vías judiciales para denunciar a los administradores de justicia que benefician con la libertad a los delincuentes, en este caso, a pandilleros con antecedentes penales”, dijo.
Romero lamentó que los esfuerzos que hace la Policía para cuidar a la sociedad sean anulados con decisiones judiciales.
“Por lo menos debería hacerse auditorías jurídicas para algunos casos, pero no hubo respuesta del Consejo de la Magistratura ni del Tribunal Supremo de Justicia”, afirmó.
Detalles de los procesos
En los registros del juzgado segundo de ejecución penal a la cabeza de Gualberto Rueda, se establece que Castedo cumplió condena por delito de robo agravado e intento de homicidio por el atentado contra el gobernador. Los fiscales que intervinieron en el caso del atentado a Costas, Cándido Blanco y Renzo Estevez, dijeron desconocer el fallo final de ese caso.
Datos oficiales a los que accedió EL DEBER dan cuenta de que, antes de atentar contra el gobernador, Castedo ya tenía antecedentes penales y, después ese hecho, registraba en el Palacio de Justicia dos procesos por robo, el primero del 25 de marzo de 2013, que radica en el tribunal doceavo de sentencia y el segundo, del mismo año, en el tribunal décimo de sentencia.
A esos dos, sumó otro que está en el juzgado quinto cautelar, por el que fue enviado nuevamente a Palmasola el anterior domingo.
Según el director de Diprove, Castedo debe responder por el robo de por lo menos cinco vehículos, de los cuales se ha comprobado totalmente su participación en dos gracias a filmaciones de cámaras de seguridad.
Explicó que se ha logrado establecer que uno de los motorizados fue desmantelado para luego ser comercializado por partes en Corumbá, mientras que el otro habría sido vendido en la Chiquitania como si fuese un vehículo indocumentado.
Atentado contra Costas
El 12 de abril de 2011, el gobernador Rubén Costas presenció cuando dos atracadores en moto arrebataron dinero a una mujer y decidió perseguir a los malhechores.
En ese intento, recibió un disparo que le rozó el cráneo. El hecho sucedió a una cuadra de la clínica Foianini, adonde la autoridad llegó por su propia cuenta para ser atendido de la herida en la cabeza.
En julio del mismo año, la Policía presentó a Sandy Castedo como autor del hecho y fue enviado a Palmasola. Sin embargo, en marzo de 2013 volvió a caer aprehendido como parte de una banda de atracadores que se dedicaba al robo de vehículos.
En reiteradas oportunidades, Sandy Castedo y sus familiares a través de las redes sociales expresaron que jamás tuvo que ver en el atentado al gobernador Rubén Costas. La última vez que fue detenido, sus familiares protestaron y criticaron duramente a la Policía.
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