De acuerdo a Régimen Penitenciario la distribución de los internos en las cárceles es la siguiente: El Abra tiene 569 internos, San Antonio 421, San Sebastián Varones 743, San Sebastián Mujeres 229, San Pedro de Sacaba 210 y San Pablo de Quillacollo 291 haciendo un total de 2.463 privados de libertad.
Pero a esta cifra se debe añadir los reclusos de las carceletas. En Aiquile hay dos detenidos, en Arque dos, Arani - Punata 20, en Independencia uno y en Totora también dos. Hay otras dos carceletas en Capinota y Tiraque, pero no hay detenidos.
Entre las seis cárceles más pobladas y las carceletas de las provincias hay 2.490 internos.
Pero el número de internos puede variar de un día a otro considerando que a diario salen en libertad entre cinco a diez personas mientras que ingresa la misma cantidad o más.
Según el director de Régimen Penitenciario, Dennis Mejía, del total de los privados de libertad el 80 por ciento está con detención preventiva y el resto tiene sentencia.
OPINIÓN consultó a los delegados internos de las cárceles de San Antonio, San Sebastián Varones y El Abra y ellos calculan que los privados de libertad con detención preventiva superan el 90 por ciento .
Mejía y los delegados internos afirman que la cifra de preventivos se debe a la retardación de justicia.
La sobrepoblación de internos con detención preventiva está ocasionando el hacinamiento en las cárceles cochabambinas.
Existen privados de libertad sin sentencia que están más de tres años considerando que la detención preventiva representa una reclusión de 6 meses de la etapa de investigación.
“La ley es clara. La ley dice seis meses en la etapa preparatoria. Si el fiscal no cumple el juez debe conminar, pero también el abogado debe agilizar”, dijo.
Ante esta situación los delegados internos piden que se promulgue la Ley del Indulto que beneficiaría a aquellas personas que están recluidas sin sentencia por más de tres años sin una sentencia ejecutoriada.
“Deberían salir por una extinción en la etapa preparatoria”, dijo un delegado. Esta ley también beneficiaría a personas de la tercera edad entre 60 y 90 años.
Uno de los delegados califica de injusto que algunos internos permanezcan más de un año por robar un cuaderno, una garrafa o celular, mientras que existan delincuentes prontuariados acusados de asesinatos, robos agravados y violaciones que se benefician de las medidas sustitutivas o de un proceso abreviado.
Del total de recluidos cerca de 50 están enfermos, 100 son extranjeros y no hay menores de edad.
SAN ANTONIO En San Antonio los principales delitos por los que están recluidos son: violación, narcotráfico y robo o robo agravado.
POR 1008 Sólo por la Ley 1008 hay cerca de 100 presos y la mayoría proviene de las provincias, en especial del Chapare, e indigentes.
Hay 30 jóvenes y menores entre 15 y 19 años, 3 hombres de 20 años son portadores del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y reciben tratamiento médico, pero los medicamentos son insuficientes. Están 17 ancianos entre 60 y 80 años. 100 son drogodependientes y dos tienen discapacidad mental.
Las principales enfermedades son las infecciones respiratorias, pulmonares, insuficiencia renal e infecciones contagiosas.
En San Antonio hay 214 celdas y en cada una ingresan desde 1 a 4 internos debido al hacinamiento. Para toda la población hay cuatro baños y seis duchas y el abastecimiento de agua es discontínuo.
Piden investigar a jueces y fiscales
Los delegados internos del penal de San Antonio piden a las autoridades una investigación de fortunas a los fiscales y jueces, a quienes acusan de extorsionar a los reclusos para beneficiarlos con procesos abreviados o medidas sustitutivas.
“Se debería hacer una investigación de fortunas y después compararlo con el sueldo que reciben, de esta forma se darían cuenta de que todo el dinero que tienen es de lo que les cobran a los internos”, señaló uno de los delegados de San Antonio.
Los delegados recordaron que existen varios casos denunciados en el Ministerio Público y la Policía en contra de jueces y fiscales por extorsionar a los internos. Es el caso del asistente del fiscal R. R. que fue aprehendido en flagrancia cobrando dinero a una mujer para beneficiar a su hijo con un proceso abreviado. Actualmente el acusado está en libertad.
Los reclusos protestan señalando que los administradores de justicia que tienen procesos están en libertad mientras que personas acusadas de delitos menores permanecen encerradas por años sin derecho a un juicio.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Evert Veizaga Ayala, respalda la investigación de fortunas a jueces y fiscales ya que de esa forma se descubriría el enriquecimiento ilícito de los administradores de justicia.
Tribunal de Justicia habla de carga procesal y no retardación
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Evert Veizaga Ayala, refirió que en las cárceles de Cochabamba hay más internos con detención preventiva debido a la sobrecarga procesal y no así a la retardación de justicia.
Además añade que los fiscales y jueces tienen hasta tres años para concluir la investigación y dicten una sentencia.
“En realidad la investigación en orden preparatoria tiene una duración de seis meses, sin embargo, esa no es una condición obligatoria que transcurrido ese tiempo el imputado pueda recuperar su libertad. La ley prevé que el proceso puede durar tres años”, afirmó Veizaga.
Veizaga indicó que el Código de Procedimiento Penal fue desvirtuado por los imputados y sus abogados ya que muchos “obstaculizan” los procesos para que dure más de tres años y después quieran acogerse a la extinción de su causa.
Igualmente, la acumulación de casos o carga procesal, a criterio de Veizaga, se debe a la falta de jueces para administrar la justicia tomando en cuenta que sólo hay siete jueces cautelares y dos cargos están acéfalos.
Además, en los cinco Tribunales de Sentencia anualmente atienden 40 mil causas.
“Es inhumano que un solo juez pueda atender tantos casos y de manera rápida”, enfatizó Veizaga.
Los internos se quejaron por las elevadas fianzas que imponen los jueces para obtener la libertad a lo que Veizaga añadió que los reclusos pueden apelar hasta conseguir una fianza acorde a su economía.
El “milagro” de vivir con Bs 6,60 cada día en la prisión
La Gobernación cochabambina tiene presupuestado para esta gestión más de Bs 4 millones para aumentar de Bs 6.60 a 8 el prediario de los internos de las cárceles. Este incremento fue aprobado hace más de medio año, pero debido a la falta de consenso con las otras gobernaciones no se puede efectivizar.
Los internos de las cárceles deben hacer alcanzar los Bs 6.60 para su alimentación diaria. Este dinero debe cubrir el desayuno, almuerzo y cena considerando que los tres alimentos en cualquier mercado de la ciudad tiene un costo mínimo de Bs 20.
Los delegados internos de las cárceles de San Antonio y El Abra refieren que el prediario de Bs 6.60 es insuficiente y no alcanza para una “buena alimentación”.
En el caso de San Antonio no comparten una olla común como en el El Abra sino que hay seis kioskos encargados de preparar los alimentos.
Estos kioskos son administrados por algunos reclusos. El desayuno tiene un precio de Bs 3, la sopa a 3 y un plato extra a Bs 15.
Como la mayoría de los internos no dispone de dinero en efectivo los encargados de los kioskos esperan hasta que Régimen Penitenciario reparta el prediario para cobrar la deuda de los alimentos.
Los privados de libertad consideran que los Bs 8 siguen siendo insuficientes, pero de alguna forma ayudará en su alimentación.
Privados de libertad reclaman por la retardación de justicia
Pronunciamiento oficial de los internos del penal San Antonio:
“Queremos sensibilizar a las autoridades que la aplicación de la detención preventiva es una medida fuera de la norma jurídica cuando es por tiempo indefinido.
Así como las medidas cautelares son necesarias su aplicación, para que el encarcelamiento no se convierta en una pena anticipada, vulnerando las garantías constitucionales de la presunción de inocencia y el juicio previo así lo establecen en los artículos 115 y 118 de la Constitución Política del Estado y el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal.
La interpretación y el mal procedimiento de las modificaciones de la Ley 1970 que son puntuales en la Ley 007 si bien son durísimas los jueces de los tribunales de sentencia y los operadores de justicia lo manejan con carácter retroactivo cuando lo indicado es para lo futuro.
Nuestras protestas serán durísimas hasta ser escuchados. Ya no permitiremos este abusivo e inocultable proceder de los administradores de justicia, cuyo resultado es el hacinamiento insoportable.
Hay descontento en las cárceles por lo que está sucediendo en el sistema judicial. La sociedad boliviana tiene que emitir su veredicto.
Los privados de libertad no permitiremos más que los operadores de justicia y autoridades negocien la justicia, no nos cansaremos en denunciar estos hechos que mellan la dignidad de un detenido preventivo.
Las consecuencias por este mal proceder son “dantescas” y lo reflejan las cárceles hacinadas al borde del colapso, llenos de privados de libertad sin sentencia, pese a estar más de tres años esperando su sentencia, miles con retardación de justicia. Hay ancianos a los cuales se les niega la detención domiciliaria que la ley penal les faculta.
También hay centenares de detenidos preventivos que no pueden cumplir con el presupuesto de las fianzas elevadísimas. Sobreviven abandonados “esperando un milagro”.
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