Ingrid Vaca tiene una foto en la mano y sus ojos están rojos porque no encuentra a Yanine Pedraza Vaca, de 23 años de edad, desde el pasado 3 de marzo, cuando desapareció supuestamente de la plaza Colón de Cochabamba. “Esta es mi hija querida”, dice, desorientada, porque la Policía de Cochabamba le ha dicho que el caso está cerrado y, por eso, con la modestia de mujer común ha emprendido la dura cruzada por aprender las técnicas para investigar sobre una persona a la que parece que se ha ‘tragado la tierra’.
Una colectividad silenciosa
Ingrid Vaca es solo una muestra de las familias afectadas por la desaparición de un ser querido.
De enero a mayo, según los datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se han registrado 194 denuncias de desaparecidos en La Paz. Santa Cruz también tiene números que evidencian el tamaño del problema. En los datos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz se revela que durante el primer semestre de este año hubo 18 denuncias de rapto y 8 sobre trata de seres humanos.
Es que la trata de personas es, en Bolivia, uno de los móviles que alimenta la desaparición de personas. Según el Observatorio de Trata de Personas con sede en La Paz, se han identificado principalmente que los móviles del delito son para la explotación sexual y laboral, mendicidad, matrimonio servil y adopciones ilegales.
Entre otras de las causas para que las personas desaparezcan, remata el Observatorio, están los problemas dentro del hogar: violencia, miedo a volver a la casa por sacar malas notas y, en muchos casos, los adolescentes escapan con sus parejas. Estos últimos, son carne vulnerable para quedar atrapados en las redes de quienes se dedican a la trata de personas.
Tan serio es el problema, que se logró organizar la Asociación de Familiares de Víctimas Desaparecidas. Una de las líderes es Marcela Martínez, la madre de Zarlet Clavijo, la jovencita que no dejó rastros en inmediaciones del Prado de La Paz, cuando retornaba a su casa de Obrajes, el mediodía del 4 de junio del año pasado.
Más de un año de aquel tormentoso día y no hay rastros de Zarlet. Las investigaciones policiales no han dado sus frutos. “La Policía y el Ministerio Público no tienen personal suficiente y muchas veces ni voluntad. A veces se requiere que emitan una orden de aprehensión, pero como esta sale tarde, el sospechoso ya se hizo humo”, dice Marcela Martínez, que al igual que otros padres de familia se ha convertido en una investigadora independiente, bajo su propio riesgo y gasto de dinero.
Ingrid Vaca ya ha dado pasos sólidos en esa materia. Se fue hasta el hotel donde su hija supuestamente durmió la noche antes de su desaparición y ahí comprobó que el dato, vertido por el concubino de la joven no era cierto. Se paró por varios días en la plaza Colón de Cochabamba de donde dicen que desapareció y evidenció que en esa zona no existe patrulla policial. “Supuestamente un policía la vio ahí. Pero ese dato es incorrecto”, dice esta mujer, que también cambió de abogado y que para no perder las esperanzas de encontrar a su ser querido se vino a Santa Cruz para reiniciar las investigaciones.
Walter Sosa, jefe del departamento de Trata de Personas de la Felcc, dice que diariamente se reciben denuncias sobre desaparecidos. A veces llega un caso a veces, cuatro, otras seis. Muchos de ellos son falsa alarma porque se trata de jovencitas que se fueron con sus novios; otros son víctimas de redes criminales, dice el policía, que sabe que las investigaciones arrancan 48 horas después de la desaparición. “Trabajamos con los medios que tenemos”, recalca.
Marcela Martínez, la mamá de Zarlet, enfatiza que, por el contrario, las primeras 48 horas son clave para encontrar al familiar y que mientras más rápido se haga es mejor. Desde junio del 2012 hasta la fecha, la asociación que ella dirige ayudó a recuperar a 60 niños que fueron reclutados a través de agencias de empleos, en las calles y en otros casos secuestrados en las carreteras; en algunos casos para ser sometidos a la explotación laboral o sexual. “Hemos sabido de casos en los que los engañan, les prometen que trabajarán como modelos en el exterior y que les secuestran sus documentos”, reveló Martínez. Sobre el caso de su hija y tras las investigaciones que realizó, dice que tiene indicios que a Zarlet la pudieron haber secuestrado para ser utilizada en el tráfico de sustancias controladas.
NG recuperó a su hija de un prostíbulo que funciona en una carretera al norte, y Eliana H. a su sobrina de un cuarto donde la tenían encerrada. En ambos casos, los padres piden discreción, para resguardar la identidad de los menores y para no alborotar a las personas que se dedican a ‘este nefasto negocio’. “Nosotros investigamos por cuenta propia y no sabemos cómo más defendernos”, gritaron
LA SANCIÓN
Artículo 281. Trata de persona
Será sancionado con privación de libertad de diez (10) a quince (15) años, quien por cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción amenazas, abuso de la situación de dependencia de la víctima sometida a estos temas.
HORA A HORA
¿Qué es la trata de personas?
La trata de personas es la captación, el traslado o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción; al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra.
La pista de una madre ayudó a la Policía
A comienzos de mes, una madre de familia denunció la desaparición de su hija de 15 años en La Paz. Tenía sospechas de que estaba en un negocio del centro de la ciudad. Tras conocer esas pistas la Policía se movilizó y allanó una peluquería donde había varios preservativos.
Con la ley en la mano
La ley 263 tiene por objeto combatir la trata y tráfico de personas y delitos conexos; También garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, persecución y sanción penal de estos delitos.
Conquistados por un trabajo y un viaje de sueños y promesas
Los reclutan en poblaciones de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y en la ciudad de El Alto, según datos revelados por la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas. Por su parte, el Observatorio de Trata de Personas, también enfatiza que los departamentos que registran más denuncias de desaparecidos son los del eje central del país.
En Santa Cruz, las agencias de empleo que operan en diferentes partes de la zona de la exterminal son el centro de encuentro de personas con cara de niños, que no han llegado a los 18 años de edad y que buscan trabajo de lo que sea. Significa dedicarse a la albañilería, jardinería o a labores agrarias. “Hemos llegado con la ropa del cuerpo”, dice Waldo, 14 años y amigo de tres muchachos que están a su lado. “Somos de Curaguara, Oruro”, enfatiza, y dice que allá fueron reclutados por un hombre que les ofreció trabajo de coperos en un karaoke, pero que cuando llegaron aquí quiso enviarlos a la zafra de caña y se escaparon.
Es un negocio millonario vinculado a mafia internacional
Rolando Fernández | Ex Comandante de la Policía
La trata de personas está contemplada, en las legislaciones de casi en todo el mundo, como delito de lesa humanidad, porque atenta contra la vida y la dignidad de las personas; se trata de grupos vulnerables. Lo que impide conocer la magnitud del problema es la falta de diagnósticos y de políticas unificadas, además, lo que sigue fallando en estas épocas es la estrategia de lucha, lo que permite a la mafia internacional enormes beneficios de esta ilícita actividad, habiendo obtenido ingresos millonarios calculados en unos 32.000 millones de dólares en los últimos años, cifra que se cree, de acuerdo a investigaciones internacionales, muy conservadora.
Las múltiples denuncias que existen al respecto nos demuestran que estos delitos van en aumento, y que las averiguaciones oficiales no dan resultados alentadores.
El modo de operar o de reclutar es muy práctico y convincente, y el señuelo es la oferta de un trabajo muy bien remunerado económicamente, tanto en el interior como en el exterior del país. En la mayoría de los casos se ha demostrado con creces que es un engaño y que la intención es la prostitución en el caso de las mujeres, para convertirlas en objetos sexuales comerciales, sometiéndolas bajo amenazas, y en calidad de cautivas, o bajo los efectos de las drogas o el alcohol.
Ante esta lacerante realidad, el Estado debe efectuar todos los esfuerzos necesarios para neutralizar o controlar estos latrocinios. Es necesario generar debates, campañas informativas de educación, prevención, difusión a la sociedad, paralelamente con las pesquisas policiales coordinadas a nivel nacional e internacional.
Eso permite en muchas ocasiones, desmantelar estas bandas organizadas y ubicar y devolver a las víctimas a sus familiares que, incluso, en muchos países se han organizado para reclamar ante la inoperancia y ausencia de políticas públicas para combatir está lacra que esta minando los cimientos de las distintas sociedades
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