“No puedo hablar. Nos vigilan, si no estamos de acuerdo con las reglas del Director General de Régimen Penitenciario. No cumplen lo que se conviene y después nos acusan de indisciplinados, privilegiados, alcohólicos y hasta drogadictos. Entonces, ¿a quién quejarnos si hemos sido desterrados de la sociedad?”. Es el lamento de Róger, uno de los privados de libertad de la cárcel de San Pedro que dice haber abrazado el cambio para ser beneficiado por una justicia equitativa.
Sentado sobre una catrera, en una pieza de dos por tres metros, donde además viven otros cuatro internos, el hombre dice que la mayoría de las personas está detenida por pequeñas transgresiones, sospechas o errores procedimentales, o por normas arbitrarias que han producido más que resuelto los problemas.
Sus ojos se enrojecen tras contener sus lágrimas al afirmar que ellos, los reos, al igual que “los libres” también tienen derechos, aunque no son respetados y si reclaman, “después nos llevan a circos montados donde se llenan la boca al afirmar que el sistema carcelario está siendo revolucionado en el país”.
Carlos C. permanece como detenido preventivo desde hace seis meses y dice que está de acuerdo con las reformas carcelarias, pero no con las arbitrariedades.
Juan Q., conocido como el “Cristembo” por su afición a limpiar ventanas, dice que "los reos nos autosostenemos, el dinero que dicen destinar a los centros penitenciarios jamás llegan a nuestras barrigas”.
En tanto, Roger quien se dedica a elaborar figuras en porcelana fría, tras conversar con La Prensa, abandona su celda para ofrecer sus productos a los ocasionales visitantes.
Los delegados de algunas secciones consultados sobre si son o no desterrados también por las autoridades, afirman que sí, porque si "hablamos somos exiliados a otros centros penitenciarios donde nuestros familiares no llegan”, declara uno de ellos, mientras cuida su identidad y mira hacia atrás.
SUBORDINADAS Y DESPRECIADAS. Pero este sentimiento no sólo es de los varones, sino también de las mujeres, donde las informantes rondan las secciones y las mesas para vender datos al mejor postor.
Un trentona, o sea sentenciada a 30 años de cárcel, afirma que hasta hace unos años, las privadas de libertad eran tratadas como personas, pese haber cometido delitos pero, ahora, el sistema ha cambiado y hasta el dinero que ganan es retenido.
Sentada ante una mesa de plástico, tras pagar 10 bolivianos por alquilerla, una interna, que pide guardar su iden
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