El penal de San Sebastián Varones ilustra con creces esta afirmación que se viene repitiendo desde hace varios años. En este recinto penitenciario están recluidos al menos 750 personas en una extensión que, según Régimen Penitenciario, no sobrepasa los 1.000 metros cuadrados. Conclusión: cada preso dispone de un metro cuadrado para movilizarse.
Este penal se encuentra en la acera norte de la plazuela del mismo nombre, a cien metros de la avenida Aroma y un poco más alejado de la histórica colina, en la que mujeres cochabambinas resistieron el ataque de los españoles.
El patio central ocupa la mayor parte del terreno. Tiene a sus cuatro costados construcciones precarias, que han sido levantadas sin planificación. Una sobre otra, las celdas han sido edificadas según la necesidad de la población penitenciaria.
Las gradas que nacen a los costados del patio abren el camino a los primeros pisos del penal. Para llegar más arriba es necesario utilizar escaleras angostas, que no tienen más de 60 centímetros, apenas suficiente para que se deslice una persona de contextura mediana.
"Esta celda tiene una buena vista. Se ve todo el penal, el patio y la calle", asegura Esteban, un recluso que ha permanecido durante los últimos cuatro años en esta cárcel.
Adquirió esta celda de dos por tres metros en 1.600 dólares. Tiene una cama cerca de la ventana, ropa colgada en las paredes y algunos adornos.
En este penal los internos trabajan en varios oficios. Algunos han decidido instalar tiendas y negocios de venta de comida. Otros han optado por agremiarse al rubro de artesanos, comideros, llamadores o carpinteros.
INFRAESTRUCTURA
El hacinamiento, según el director regional de Régimen Penitenciario, Dennis Mejía, es agravada por dos factores, una deficiente infraestructura y la retardación de justicia.
En los seis penales de Cochabamba viven 2.800 presos cuando la capacidad es para 1.600 personas. Además, el 85 por ciento tiene detención preventiva, sin sentencia ejecutoriada.
"Se debería contar con una infraestructura adecuada para que los reclusos puedan estar separados por el tipo de delitos. Otra solución es agilizar los procesos de los internos”, señala.
PARA MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA
Mejía admitió que los reclusos realizan cobros al interior del penal, pero justificó este hecho asegurando que este dinero les sirve para solucionar problemas de infraestructura y otras emergencias. Por ejemplo, para reparar el sistema de alcantarillado, comprar medicamentos y sustentar otros gastos urgentes.
Mejía recuerda que las alcaldías y la Gobernación son las instancias encargadas de construir la infraestructura y realizar su respectivo mantenimiento, "pero hasta la fecha no hay nada".
"Si queremos cortar estos cobros, los internos nos indican que nosotros tenemos que darles todo", señala Mejía.
Y respecto al cobro del derecho de piso, Mejía apunta que "eso es ya una cuestión interna", pero que también se va a cortar con el tiempo.
Asimismo indica que otro objetivo de Régimen Penitenciario es evitar que se sigan vendiendo las celdas porque estas infraestructuras son propiedad del Estado "y no son bienes raíces".
Mejía explica que en pasados años, debido a la falta de apoyo, los internos construían sus celdas, invertían su dinero y cuando se iban las vendían.
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