Testimonios de jueces, autoridades de Régimen Penitenciario, policías, gobernadores de los recintos carcelarios, exreclusos y delegados que representan a los internos así lo reconocen.
Todas estas personas coinciden en señalar que los reos deben sacar de sus bolsillos el dinero para que funcionen las cárceles. Y que prácticamente deben comprar hasta los candados para que los encierren.
La situación llega al extremo cuando estas fuentes señalan incluso que el orden interno, para el funcionamiento cotidiano, bueno o malo de las cárceles, depende de la calidad de los representantes de los internos.
Es el caso del penal de máxima seguridad de El Abra, donde algunas de las fuentes califican al recinto como un buen ejemplo de orden, limpieza y organización, gracias al ejercicio y organización que impone su delegado, Edgar Ariel Tancara Sandagorda, alias El Tancara.
“El Tancara tiene el control de todo el penal”, cuenta un juez que pidió mantener su nombre en reserva.
“Gracias a él, los reclusos están bien organizados y cumplen con sus labores. Pasan el día trabajando, pintando, haciendo deporte, elaboran artesanías, en manufactura de balones para una empresa local. Y es El Tancara el que los organiza”, explica el juez.
El Tancara tiene una red de información que le permite mantener bajo control a los reclusos.
“En ese orden creo que sería difícil que ocurra algo como lo de Palmasola, pero nunca se sabe. Hay reos extranjeros muy peligrosos que seguramente querrían voltearlo y tomar el control del penal”, explica, a tiempo de lamentar que El Tancara esté a punto de cumplir su condena y dejar el penal, porque entiende que ello puede desembocar en un revuelo.
APORTES VOLUNTARIOS
Otros casos, pero con menos rigor, se dan en los penales de San Antonio, San Sebastián Varones y Mujeres, donde los internos son responsables del suministro de servicios básicos y otros gastos, gracias a lo que llaman “aportes voluntarios”, que no son más que los “derechos de piso”, un dinero que los reclusos pagan para su ingreso, y que varía desde 150 hasta 500 bolivianos.
“Nos solventamos absolutamente todo dentro del penal. Desde comprarnos el propio candado para que nos encierren”, cuenta Sofía (nombre ficticio), la delegada del penal San Sebastián Mujeres.
Sobre los servicios dice que gestionan una mejora del sistema eléctrico. “Es una maraña de cables y pedimos con una carta que se realice un recableado porque es muy peligroso”, cuenta, y asegura que de todos modos ellas deben pagar por el cambio.
Sobre el agua asegura que los cortes del servicio suelen ocurrir. Y que cuando ello sucede, las reclusas hacen una colecta. “Somos más de 200, así que ponemos a un boliviano y tenemos que comprar una cisterna para lavar ropa ajena”, explica Sofía.
En San Sebastián Mujeres, el “derecho de piso” es el único pago que deben hacer las reclusas, según su delegada. “Son 150 bolivianos. Con ese dinero funcionamos y resolvemos nuestros problemas”, comenta.
La gobernadora del penal de San Sebastián Mujeres, teniente Brenda Claros Cruz, explica cómo funciona la autogestión de las internas. “Ellas son solidarias, tratan de trabajar y de mantener a sus familias”, cuenta. “Las delegadas se encargan de gestionar maquinaria, agua o lo que se necesite, por su cuenta, para que todas puedan generar recursos económicos”, agrega. A su turno, el delegado interno del penal de San Sebastián Varones explica que el cobro del derecho de piso es de 500 bolivianos, por el ingreso de cada nuevo interno.
Explica que con este dinero, los delegados del penal realizan las diligencias en beneficio de los reos que no alcanzan a gestionarse algunos servicios, incluso algunas diligencias de orden legal.
En San Antonio, además del hacinamiento que es la constante de casi todos los penales, el principal problema es el alcantarillado. Éste es un tema que también resuelven los internos, haciendo representaciones a las instancias pertinentes, como explica Andrés, delegado laboral del recinto.
“Este tema, el de algunos enfermos terminales como los que están con VIH, los de la tercera edad o jóvenes que necesitan ayuda, a los que nadie les presta la atención debida. A todos ellos les ofrecemos una ayuda, que puede ser mínima, pero que muchas veces es la única que reciben”, explica.
“Lo de Palmasola destapa irregularidades, pero no todos (los penales) son iguales. San Antonio es un régimen democrático. Hay un consejo de internos delegados en diferentes áreas. Es verdad que hay un derecho de piso que pagan los internos, no lo vamos a negar. Pero si todas las instituciones que deberían ayudarnos no lo hacen, nosotros debemos organizarnos y tomar cuenta de los gastos, incluso del papel en el que los reos presentan sus documentos”, cuenta.
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