Se sabe que para tener una estadía más o menos confortable en un sector seguro, en el penal de Morros Blancos, se llega a pagar entre mil y dos mil dólares, el cobro lo hacen los mismos presos que manejan el poder y representan “al fuerte” en el submundo penitenciario.
La vida en la cárcel con seguridad es dura, la privación de libertad es una idea escalofriante pero para las mujeres del penal de Morros Blancos es una realidad de vida que tratan de hacer tolerable pues más allá de abusos, violencia y todo lo que se podría imaginar, para estas mujeres la preocupación principal es poder seguir trabajando para sustentar, aún desde prisión, a sus familias.
“Desde hace tres años que estoy en el penal y la situación es ahora más llevadera”, asegura una interna a tiempo de aclarar que hay algo de tranquilidad desde el traslado de 7 internos al centro de máxima seguridad de Palmasola en la ciudad de Santa Cruz. “Ellos eran amos y señores y estaban identificados como los más problemáticos que atemorizaban con su poder a los demás internos”, afirma.
En el caso de las 46 mujeres que se encuentran internas, los días transcurren con relativa normalidad. Cada una cocina, lava ropa, plancha, realiza tejidos, bordados, pinturas y algunas manualidades, servicios que se ofrecen y son adquiridos por los aproximadamente 500 reos varones del centro penitenciario.
El trabajar dentro del penal es la principal forma de sobrevivir pero no sólo para sustentar sus propias necesidades económicas ya que la mayoría de ellas, según indica Marina, (seudónimo con el que se protege su identidad), trabaja duramente para poder solventar la necesidad de sus familias a las que no desamparan aún estando recluidas.
Con la preocupación principal de proveer el sustento muchas no tienen el tiempo para analizar la tristeza de su propia situación, es por ello que la idea de crear un centro penitenciario femenino en el departamento de Tarija, les resulta inquietante, pues si bien perciben el concepto de comodidad que podrían tener estas internas que son madres, esposas, y principal sustento de hogar, también se dan cuenta que sus ingresos se verían disminuidos.
“Si bien el penal es mixto y nosotras realmente necesitamos contar con todos los servicios básicos, médicos, psicólogos y trabajadora social, no podemos pensar sólo en nuestra comodidad porque no nos vamos a vender entre nosotras. Lo que hacemos es vender nuestra fuerza laboral a la población de internos varones que compran la comida y requieren el lavado de ropa. Ese es el principal problema si nos separan”, añade Marina.
“Mi vida recluida”
Las mujeres del penal de Morros Blancos son un grupo hermanado pues entienden que la unión hace la fuerza y es por eso que se cuidan entre ellas, sobre todo cuidan a los niños que se encuentran en el penal junto a sus madres, así lo asegura la representante del pabellón de mujeres, Liliana Tapia.
“Los niños dentro del pabellón de mujeres están supervisados por mi persona y me aseguro de que tengan todo lo que necesitan”, enfatiza ya que la seguridad de los menores prevalece ante todo.
Las mujeres siempre tienen reuniones intentando mejorar en lo que se pueda sus condiciones de vida, principalmente ante el tema de hacinamiento ya que comparten un espacio entre cuatro reclusas y no se les da la opción de tener una cama, sólo colchones en el suelo y en ese tema siempre existen reclamos, aunque por otra parte comprenden que no hay espacio y el penal no cuenta con la capacidad de brindarles ese tipo de comodidad de la noche a la mañana.
Por lo demás la vida en el penal no es como la gente podría imaginar, “se dice que no se nos respeta que es peligroso, pero depende en realidad de cómo se haga uno respetar”, aclara.
Sin sentencia
El tema de sentencia es lo más preocupante, sólo 4 de las 46 reclusas, tienen sentencia ejecutoriada el resto son preventivas, muchas se encuentran en el penal por más de dos años sin que se resuelva el caso. “Se sufre porque no hay posibilidades económicas para contratarse un abogado particular, muchas no sabemos que se tiene que hacer”, comenta la representante.
También se dieron casos en los que las internas con el mayor esfuerzo posible para conseguir algo de dinero y siempre con la esperanza de ver solucionada su situación ante la ley, pagaron al abogado que después de recibir el dinero desapareció y ellas no pueden hacer nada al respecto.
Así y todo, según explica la representante, estas mujeres comprenden que existen muchos procesos y que no se puede exigir exclusividad para ellas. “Existe muchas falencias en el sistema judicial eso hace que la cárcel se llene, no existe inversión en la reinserción social, nos dejan como a chanchos y aquí prevalece el sálvense quien pueda’”, manifestó.
Es por eso que cuando se está deprimida, preocupada ante una situación que parece imposible de manejar, el alcohol y las drogas se presentan como una opción, luego se suscitan las peleas y el hecho de estar aquí, con todos estos problemas tiene mucho que ver, comenta Marina, que tiene detención preventiva hace más de un año, por otra parte las autoridades hacen muchas promesas, se llenan la boca de discursos humanitarios pero al final no nos toman en cuenta, añade.
Violencia contra las reclusas
La Defensoría del Pueblo en Tarija envía constantes recomendaciones a las autoridades del Estado para coadyuvar la formulación de políticas penitenciarias que puedan asegurar un enfoque integral para erradicar la violencia contra las mujeres privadas de libertad.
Así lo manifestó la representante en Tarija, Gladys Sandoval, ya que se dieron casos de jóvenes internas acusadas por la Ley 1008 como preventivas que eran visitadas por dos policías, el caso se dio en la carceleta de Bermejo y la Defensoría actuó en consecuencia para que se haga prevalecer el ejercicio de derecho pleno de las mujeres privadas de libertad, “no debe haber discriminación en la cárcel, para las mujeres”, enfatizó Sandoval.
Sin embargo, muchas no denuncian ciertos atropellos con este mismo ejemplo de las dos jóvenes de la carceleta en Bermejo, ya que las detenidas no denunciaron el ingreso de los policías sino que lo hizo una señora que compartía el espacio con ellas.
“Niegan el hecho para evitarse problemas, ser amenazadas o perder privilegios como el que se les prohíba vender los alimentos o lavar la ropa”, explicó la defensora.
Es por ello que la principal recomendación que se intenta gestionar como acción es incorporar en la política penitenciaria estrategias y mecanismos para garantizar que se erradique el acoso y la violencia al interior de los recintos penitenciarios, pues las mujeres privadas de libertad son susceptibles también de ser acosadas por los propios internos que manejan el poder dentro de los recintos penitenciarios.
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