“Están registrados 563 (funcionarios) que ofrecen algunos de estos servicios en La Paz. Todos son mayores de edad”, indicó el teniente coronel Miguel Ángel Rivera, responsable de la Jefatura de Control de Empresas de Seguridad Privada (Jedecoes).
Una empresa de seguridad privada autorizada, según la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, desarrolla actividades preventivas de vigilancia y de alerta temprana bajo tuición y en estrecha colaboración con la Policía. Para su accionar, capacita a sus empleados en temas de emergencias, primeros auxilios, medio ambiente, atención al cliente y más.
“Nosotros no actuamos con violencia. No está permitido. Nuestro principal objetivo es desarrollar un sistema eficiente de prevención; sólo en caso de existir eminente riesgo, sí intervenimos”, explicó Raúl Moreno, gerente general de Radar.
Otras firmas ofrecen cursos de guardaespaldas, seguridad aeroportuaria o minera, dependiendo el tipo de trabajo que soliciten sus clientes.
Fernando Quiroga, jefe nacional de recursos humanos de Armus, mencionó que, además del entrenamiento, dotan a sus empleados de uniformes adecuados y les otorgan un seguro de salud, entre otros beneficios. Para la selección del personal, ellos presentan certificados de antecedentes policiales, que está entre sus requisitos.
“Tenemos filtros de reclutamiento, en Armus no les cobramos por la ropa que les damos. Tenemos sistemas de alarmas”, indicó Quiroga.
El responsable de Jedecoes informó que, además de las 39 compañías autorizadas en cumplimiento de la ley, existen 11 ilegales, diez que están gestionando su licencia y seis que abandonaron ese proceso, por lo que son consideradas ilegales. “Contamos con 39 empresas legales, es decir, que cuentan con resolución del Comando General (de la Policía) que les autoriza su funcionamiento y con homologación del Ministerio de Gobierno”, explicó Rivera.
El trabajo de Jedecoes era normado a través de la Resolución Suprema 222544 del 9 de junio de 2004, sin embargo, tras la promulgación de la Ley de Seguridad Ciudadana, quedó sin efecto, es por ello que temporalmente no se darán más autorizaciones a nuevas firmas hasta que se apruebe el reglamento de la ley. Tampoco aquellas que estaban en trámites podrán avanzarlos.
Incumplimiento. En relación con los negocios clandestinos, Jedecoes informó que generalmente son grupos familiares los que contratan personal para atender, de manera eventual, especialmente actos sociales.
Ellos operan por la zona Norte de la ciudad, como la calle Uyustus, la avenida Buenos Aires. Quiroga, de Armus, agregó que también trabajan por la Ceja de El Alto.
“No reúnen características de empresa. No tienen áreas de entrenamiento ni oficinas. Podemos asumir que les da lo mismo contratar menores de edad”, dijo Rivera.
El bajo costo de sus servicios y el hecho de que cobren ellos mismos a sus clientes —como se ve en los mercados— desde 50 centavos a Bs 3, demuestran su informalidad, advirtió Moreno. Además agregó que para solicitar trabajo, ellos mismos se presentan a los dueños de casa para hacer vigilancias, “no tienen administración”.
Clientes con riesgo de robos
La razón por la que las personas contratan personal de empresas no legalizadas es el bajo precio que éstas cobran o porque desconocen a las que están autorizadas. “Si se producen robos, ¿quién va a responder?, las ilegales son un factor de riesgo para los clientes”, indicó Raúl Moreno, gerente general de Radar.
Algunos patrones incumplen
Independientemente de el tipo de contrato que una empresa ilegal de vigilancia privada tenga con sus em- pleados, hay versiones de que éstas no les cancelan sus sueldos a tiempo.
“Tengo varios compañeros que comentan que algunas compañías no les pagan sus salarios puntualmente, tardan hasta un año y en otras los estafan, porque se trasladan o desaparecen de la noche a la mañana debiendo a sus extrabajadores”, indicó Emilio Irusta, guardia de la empresa autorizada Red Line Security.
Un mecanismo de presión de estos negocios es que piden la libreta militar a quien contratan. Y ante un reclamo de algún cliente, se les decomisa el documento, contó Irusta.
Las quejas más comunes que llegan a la Jefatura de Control de Empresas de Seguridad Privada (Jedecoes) es la retención de documentos y el incumplimiento del pago de sus salarios. “Se ha visto que estas firmas utilizan como mecanismo de extorsión la libreta de servicio militar, si un empleado decide retirarse, debe devolver los implementos que le dieron, caso contrario no le entregan algo que le es primordial”, dijo el teniente coronel Miguel Ángel Rivera, responsable de Jedecoes. Fernando Quiroga, jefe nacional de recursos humanos de Armus, dijo que a estos guardias tampoco se les brinda buenas condiciones laborales, como aportes para su jubilación ni pólizas de seguros.
Sepa más
Para conocer cuáles son las empresas legales puede llamar al número 2312842
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