Sunday, September 9, 2012

Cárceles que revientan

HACINAMIENTO | LA MAYORÍA DE LOS RECINTOS PENITENCIARIOS DEL PAÍS, HAN SUPERADO SU CAPACIDAD.

El gobierno chileno ha decidido tomar una medida extrema para reducir su gasto público. Hace pocas semanas, indultó a un numeroso grupo de presos extranjeros que estaban recluidos en diferentes cárceles de Chile, entre los cuales se contaban centenares de presos bolivianos. Con esta medida, el gobierno chileno se ahorra la suma anual de 10 millones de dólares, dinero que era utilizado para pagar la alimentación, el servicio médico y otros apoyos que hay para los reos.

De los 420 reos bolivianos beneficiados por el indulto chileno, siete fueron entregados a las autoridades nacionales por tener problemas legales pendientes en Bolivia; además está en estudio el caso de 14 personas que tienen doble identidad. El resto recuperó su libertad.

Para muchos el gobierno actuó con excesiva permisividad al dejarlos en libertad, pero para otros no había mucha alternativa.

REBALSANDO



La realidad de las cárceles bolivianas es paupérrima. Bolivia es uno de los países con mayor sobrepoblación carcelaria de la región. Tiene 54 prisiones, entre cárceles y carceletas, distribuidas en todo el territorio, de las cuales 16 son consideradas las principales, y están ubicadas entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

De estas 16, 12 han sobrepasado su capacidad de albergue.

Ramiro Llanos, director del Régimen General Penitenciario, explica que las consecuencias del hacinamiento penal pueden ser realmente graves, no sólo por el aspecto físico ni por el control de la conducta de los recluidos, sino por la dificultad que representa el hacinamiento de los presos en su rehabilitación, que se hace cada vez más complicada mientras más llena está la cárcel. Llanos llama la atención acerca de la precaria situación de infraestructura en la que se encuentran la mayoría de las cárceles bolivianas: “nuestra mayor preocupación es que las casas se caigan, sobre todo en Cochabamba las cárceles de San Sebastián varones, en San Pedro de Sacaba y en Quillacollo, que son cárceles muy antiguas y donde se está construyendo sobre los mismos muros, que eran altos y gruesos y ahora cada vez son más delgados. Hay una gran debilidad estructural.”

Cuando la cárcel se hacina, colapsan los servicios: agua, luz, alcantarillado, lo que ocasiona incomodidad en las personas, que se estresan aún más por el hacinamiento, “no tienen un lugar para distenderse, para estar cómodos ni para trabajar, hay ruido constante. Y sobre eso las terapias que queremos hacer no se pueden porque no hay el ambiente, la gente no está predispuesta, y lo único que se hace es una autorehabilitación: la gente hace lo que puede para ayudarse, y los trabajadores sociales y psicólogos que tenemos, se confunden en ese mar de gente y no hay posibilidades de trabajar con la población penal”.

Llanos hace una excepción: la cárcel de El Abra. En este penal casi la totalidad de la población recluida trabaja porque tiene espacio para hacerlo. Tienen patios y algunos lugares de recreación, pero El Abra hace la diferencia.

En las demás cárceles es en las mismas celdas que se hacen las actividades de terapia. “En San Pedro de La Paz existe el mismo problema estructural, las paredes se están horadando y cualquier rato puede haber un colapso. Otro problema serio que existe en las cárceles es el consumo de bebidas alcohólicas y de drogas”, explica Llanos.

Las bebidas alcohólicas y las sustancias controladas forman parte de jugosos negocios dentro de los penales. El decomiso de estas es constante, y Llanos dice que el litro de alcohol dentro de una cárcel de Bolivia puede superar los 100 dólares.

“No se puede estar trabajando con un grupo de personas y resulta que entra droga o alcohol y todo se distorsiona. Esas personas que intentan recuperarse, que están tratando de mejorar su vida, recaen de nuevo y nuevamente debemos empezar de cero.

El tema de las fianzas, es otro factor que multiplica la angustia y empeora el hacinamiento. La mayor parte de los presos cuenta que cuando han estado implicados en algún delito junto a cómplices, estos han salido libres porque han podido cumplir con esos montos, pero los que no tienen dinero se quedan dentro.

Hace unos años, esposas e hijas de los reclusos en San Antonio hicieron una marcha carteles en mano, pidiendo que no ingrese alcohol ni drogas en el penal. Llanos quiere que ese episodio se repita: “Eso es lo que hay que hacer, la sociedad civil tiene que involucrarse, en San Antonio hace cuatro años que se trabaja en esto, y los internos han declarado la zona libre de alcohol y drogas. La dirección y los delegados de San Antonio están trabajando en ese aspecto y ese debe ser el ejemplo que cunda en otros penales.”

¿Pero qué pasa con la responsabilidad de los Policías? “No sólo es responsabilidad de los uniformados, es también de los nexos en la cárcel y de los propios internos, si ellos lo logran, ganarán también credibilidad de la sociedad, y la gente se sensibilizará para que haya alguna salida alternativa para estas personas, pero mientras tanto no hay actividades provechosas, se consume alcohol, se consume droga, por lo que la sociedad ve a las cárceles como lugares peligrosos e inadecuados, que no son necesarias arreglar. San Antonio es tan buen ejemplo como El Abra, donde todos los reclusos trabajan. En la noche duermen incómodos, pero de día pueden trabajar, lo que no sucede en otros centros penitenciarios.”

SIN SENTENCIA



El tema de la detención preventiva también es un factor para el hacinamiento. 16% de la población penal de Bolivia tiene una sentencia mientras que el restante 84% no. Y en casos como Cochabamba, puntualmente en la cárcel de San Antonio, el 95% de los reclusos no tiene sentencia.

La Fundación Construir, el Centro de Estudios en Justicia de las Américas (instancia de la Organización de Estados Americanos), y el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas se unieron con la finalidad de realizar un estudio sobre el uso e impacto de la detención preventiva en el país para de esta manera analizar de forma integral dicha problemática con la intención de modificarla.

De acuerdo a información de la Dirección General de Régimen Penitenciario, la población penal tuvo un crecimiento del 22,43 por ciento durante la gestión 2011 y la mayor concentración de presos se encuentra en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

En la actualidad la Ley 1008, es responsable de la reclusión de gran parte de la población penitenciaria en Bolivia, situación de difícil reversión a pesar de la aplicación de reformas, como ejemplo la Ley de Fianza Juratoria, agravada en el hecho de que la mayoría de los detenidos por comisión de delitos relacionados al narcotráfico, están en calidad de detenidos preventivamente.

El artículo 133 del Procedimiento Penal (aplicable a todos los procesos penales incluida la Ley 1.008), ha sido pensado para aliviar precisamente la retardación de justicia. Este indica: “que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años o mecanismos administrativos como la multa y la penalización al autor de la inactividad”. Sin embargo los jueces suspenden los plazos aludiendo sobrecarga procesal, lo cual ocasiona una indiscutible retardación de justicia, prolongando en meses y años los juicios.

La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, informó que hace varios meses se viene trabajando en un proyecto que responde a razones humanitarias. Señaló que “el sistema procesal penal acusativo no ha funcionado y ha ocasionado un verdadero colapso en las cárceles de Bolivia”. Ayllón precisó que el proyecto busca liberar básicamente a menores de edad, mujeres embarazadas, ancianos y enfermos, además de personas que estén cumpliendo penas por robos pequeños y que el tiempo estipulado para estas ya se haya cumplido, aunque aún no fueron juzgadas. Precisó que las personas excluidas de este proyecto son quienes cometieron delitos de asesinato, violación, parricidio y narcotráfico. (Con datos de El Diario, El Mercurio, ONU) .






Población penitenciaria a agosto de 2012



Departamento Varones Mujeres

Chuquisaca 335 28

La Paz 2576 569

Cochabamba 1938 306

Oruro 391 70

Pando 220 16

Potosí 437 52

Tarija 715 55

Santa Cruz 4512 551

Beni 670 48

Total 11.794 1.695

Total población recluida en Bolivia 13.489

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