Según publicó La Razón en fecha 12 de septiembre de 2012 de 616 casos de trata y tráfico de personas que la Policía y la Fiscalía atendieron el primer semestre, más de 300 son de víctimas que fueron trasladadas a otras ciudades o países para ser explotadas sexualmente.
“De esta cantidad, más del 60% corresponde a casos de trata sexual; en los cuales se transporta a las menores de un lugar a otro; y casi todos los casos han involucrado a niños y adolescentes hasta los 17 años”, dijo Elizabeth Zabala, coordinadora del programa “Trata de Personas de la Pastoral de Movilidad Humana”.
En esta gestión más de 800 menores de edad salieron durante este año por la frontera tarijeña y aún no regresaron al país, generando preocupación en las autoridades ante la posibilidad de que hayan sido víctimas de captura por redes de tráfico y trata de personas. Asimismo, existen más personas que salen de manera ilegal para no ser sometidas a los controles que realiza Migraciones.
Del otro lado de la frontera es muy difícil volverlas a recuperar; más aún cuando una cadena delictiva ha trabajado para disfrazar tal situación.
Las víctimas de “trata” suelen ser reclutadas por engaños, como falsas ofertas de trabajo o por ofertas engañosas donde se no aclara la situación en la que se va a realizar el trabajo, siendo trasladadas hasta el lugar donde serán explotadas.
Según reportes obtenidos del Ministerio Público, las redes de tráfico se movilizan a través de “reclutadores”, que vienen a buscar personas, preferentemente de áreas rurales llevándose a los menores o adolescentes bajo acuerdos monetarios y se les promete una mejor vida.
Los “entregadores o enganchadores” son los encargados de descubrir y abordar a las víctimas, que se vinculan con los “negociadores o intermediarios” que son agentes de enlace con las casas de prostitución o centros de explotación.
Además, en la cadena de la trata y tráfico de personas, también se cuenta con los denominados “comisionistas” que son personas que trabajan en colocaciones o agencias de empleo y publican avisos en los periódicos, ofreciendo como obreros o prostitutas a las víctimas.
También hay los “falsificadores”, que son los que proporcionan la documentación falsa para que las víctimas puedan ser trasladadas de una ciudad a otra o de un país a otro, sin dejar rastros sobre su verdadera identidad.
Pero quienes también cumplen un rol determinante en los casos más graves son los “proxenetas”, que viven del dinero; producto del comercio sexual al que someten a sus víctimas, por medio de la coerción, el miedo y el castigo físico.
Lo más frecuente en el abordaje de las víctimas, se inicia con el trato personal, en unidades educativas, plazas, terminales de buses, mercados, agencias de empleo y centros de diversión.
En los lugares de explotación, las víctimas son detenidas por sus captores por mentiras, amenazas, deudas, coacción, violencia, y obligadas a prostituirse o trabajar en condiciones míseras.
En muchos casos los que llevan a los menores les quitan su documentación y los obligan a trabajar en situaciones de explotación, al no tener documentos son amenazados con denuncias ante la Gendarmería Argentina, amedrentados ante la versión que es ya “vox populi”, pues les dicen que los llevarán a la cárcel, para luego dejarlos en la frontera tan sólo con la ropa que llevan puesta.
Los esfuerzos de las autoridades
Ronald Sánchez, Director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia afirma que una de las atribuciones de la Defensoría de la Niñez respecto a la explotación sexual, es iniciar la defensa de los menores y efectuar la atención integral de la víctima: con la protección psicológica y social. En caso que el agresor esté dentro del seno familiar hay que darle medidas de protección a la víctima.
Cuando la víctima sea menor de 18 años el Ministerio Público notifica a la Defensoría de la Niñez para que asuma la defensa, aun cuando la víctima tenga defensa particular.
A la vez Sánchez indicó que, en el primer semestre de esta gestión se han tenido alrededor de 20 casos de abuso sexual o delitos contra la libertad sexual, donde entran las violaciones, proselitismo y corrupción de menores (que es el lucro).
La gestión pasada en los locales nocturnos se detectó la presencia de menores de edad, fruto de esta acción se detuvieron preventivamente a una ciudadana que irá a un juicio penal y se solicitará la pena máxima.
Informó también que la gestión pasada se tuvieron alrededor de 4 casos de Trata y Tráfico de menores, de corrupción de menores alrededor de 7, que siguen todavía abiertos y este año en la ciudad no se tuvieron casos de trata y tráfico, a pesar de los operativos que están realizando, informó Sánchez.
Los menores que se rescatan de la explotación sexual o por trata y tráfico, son reintegrados a sus familias y si no tienen familia son institucionalizados; “la mayoría de los casos son del campo y los padres vienen hasta la ciudad a recogerlos”, concluyó Sánchez.
Ginna Tórrez, Directora de Género Generacional y Familia del Gobierno Municipal de Tarija, afirma que son parte de la red contra la Trata y Tráfico de Personas y la Explotación Laboral, pues asegura que se está trabajando en el tema preventivo con diferentes instituciones, realizando talleres, con diferentes sectores de la población, para poder socializar y sensibilizar sobre estos dos temas.
En cumplimiento a la nueva Ley Contra la Trata y Tráfico de Personas, las instituciones que forman parte de la Red Departamental contra este delito, tienen la disposición desde el mismo Gobierno para realizar mínimamente tres veces por semana, operativos de control en terminales de buses y las trancas de salida o ingreso de los departamentos, con el fin de evitar la salida de menores sin autorización de los padres.
El director de Migración de Tarija, David Bolívar, explicó que acorde a normativa migratoria, exigen que el menor que salga del país cuente con un permiso judicial, además que se le exige a los padres en los controles, carnet de identidad y certificado de nacimiento para verificar el parentesco familiar y constatar que el menor no esté siendo trasladado para fines ilícitos, sin embargo estos controles que son en resumen una verificación de documentación, continúan siendo la principal manera para combatir el flagelo de la trata y tráfico de personas.
Tito Ivar Ortiz Amador, Comandante de la Guardia Municipal, indica que ellos trabajan en coordinación con la Policía Boliviana con la sección de inteligencia, cuando se recibe una información y se actúa.
Ortiz no recuerda haber visto casos de niños varones que hayan sido explotados sexualmente pero a nivel nacional se dan casos, que fueron víctimas de agresión que en muchos casos son por parte de familiares.
Afirma que en Tarija se tiene de 10 a 12 lenocinios legales, pero también hay locales clandestinos, porque les llega información de que en casas particulares se ejerce la prostitución, pero la Policía Municipal asegura que no tiene tuición para poder entrar; “se hace una denuncia al Ministerio Público para poder allanar este domicilio particular, un informe y se coordina con Inteligencia el seguimiento, fotografías, filmaciones y luego se realiza este allanamiento en un operativo conjunto”, explica.
Casos
Ramón Alemán, Encargado del Departamento de Comunicación del Sedeges nos facilitó un informe sobre trata y tráfico de personas que se dieron en Yacuiba, donde exponemos algunos de ellos.
- Dos menores de 14 años de sexo femenino, fueron interceptadas por efectivos policiales de la Argentina, las mismas que eran trasladadas por un señor (RA) con documentos falsos por lo que fueron repatriadas a Bolivia para ser reinsertadas a sus hogares; detuvieron a dos personas por este caso en la Argentina con fines de investigación.
- En otro caso, dos menores de 14 años de sexo masculino fueron rescatados del lavadero Jorgito, los mismos que eran explotados laboralmente, los menores son de Azurduy – Chuquisaca.
- En el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rescataron a 41 víctimas del delito de trata de personas con fines de explotación laboral y se detuvo a cinco integrantes de las organizaciones criminales que los explotaban.
- En el primer operativo, realizado con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones se detuvo a tres personas en 12 allanamientos, clausuraron dos talleres textiles que funcionaban en el barrio porteño de Flores y liberaron a 24 personas de nacionalidad boliviana que trabajaban en condiciones infrahumanas.
- Un caso polémico que sucedió en la frontera con nuestro país más propiamente en Argentina el 2011 indica que en un comunicado, se indicó que más de 400 personas fueron rescatadas en lo que va de abril, entre ellas 205 de nacionalidad boliviana esclavizadas en un establecimiento agrícola.
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